El agua y los derechos humanos
“Llegó carta de la ONU”
Febrero 2007
Esta nota apareció en Página 12. Si la reproduzco, es por dos motivos: el
menos importante es que alguien, pensando en ese diario como el “Boletín
oficial”, puede pasar por alto una denuncia que, con palabras medidas y
corteses, cuestiona un acto de gobierno que hace al acceso al agua corriente
de millones de argentinos.
El otro motivo, más estratégico, es que este caso muestra los riesgos y las
desviaciones en que puede incurrir un proceso de reestatización como el que
ha emprendido – en algunos campos – el Estado argentino. No comparto – y hoy
ya no está de moda – la ideología privatista de los noventa (que en realidad
comenzó en los setenta en Gran Bretaña). Mi difunto amigo Jorge Roulet,
radical alfonsinista pero que se había formado en Francia, era un gran
admirador del sistema francés de empresas de propiedad pública, y sostenía
que le permitían al Estado mantener un grado de control sobre la economía
real que de otra forma era imposible. Pero en la Argentina también tenemos
una larga experiencia del Estado bobo (Lingeri dixit) que carga con las
pérdidas dejando los beneficios (en blanco o en negro) a los privados.
AYSA y Aeropuertos Argentinos, cuyos marcos regulatorios fueron aprobados el
mismo día, reclaman que los que nos preocupamos por nuestro país, su estado
y su gente tratemos de hacernos oír, dejando de lado por algunos momentos la
lectura de encuestas y la preocupación por las candidaturas. Y ya que está
de moda la participación estatal, reitero una pregunta ¿Porqué no pensamos
en YPF?
Mario Wainfeld - 13 de Febrero de 2007
El oficialismo busca aprobar hoy, martes 13, en Diputados el marco
regulatorio para la empresa Agua y Saneamiento Argentinos Sociedad Anónima (AYSA).
(Lo consiguió. A.F.) Las Naciones Unidas, por vía de uno de sus relatores
especiales, le hizo llegar al gobierno argentino una carta en la que (con
los modos diplomáticos que son de rigor) expresa su preocupación por buena
parte de los contenidos de ese proyecto. El relator de la ONU sobre derecho
a la vivienda, Miloon Kothari, alerta al gobierno argentino que ciertas
carencias o generalidades de la ley entorpecen que “el acceso al agua sea un
derecho humano”.
La misiva está fechada el 9 de febrero. Se remitió a variados destinatarios,
incluidos el Presidente, la Cancillería, el Ministerio de Planificación y la
presidencia de la Cámara de Diputados. El texto comienza recordando “que el
derecho humano al agua es una de las garantías esenciales para asegurar un
adecuado nivel de vida (...) relacionado de manera inextricable con los
derechos a una vivienda digna, a una alimentación adecuada y al más alto
nivel posible de salud” y “celebra” que tanto la ley constitutiva de AYSA
como el proyecto que anida en Diputados así lo reconozcan. Tras esos
reconocimientos subraya, con sutileza pero con precisión, principios
generales descuidados por el proyecto de ley que “entendemos que será
tratado en breve por la Honorable Cámara de Diputados”. Esos deslices
obturarían la posibilidad de plasmar la preservación del acceso al agua como
derecho humano. Sería una contradicción penosa en una experiencia piloto de
reestatización de empresas de servicios públicos.
Aunque también se enumeran cuestiones vinculadas con la transparencia y la
participación, el núcleo de la carta versa sobre desprotecciones de derechos
humanos y sociales. Por ejemplo, la ONU se congratula por la inclusión de la
“tarifa social” en el proyecto. Pero pone el foco sobre imprecisiones y
falta de directivas precisas que podrían transformar el derecho en mera
declamación. “Hacemos –dice textualmente– un llamado a su administración
para que en el proyecto de ley se asegure que la tarifa social va a estar
disponible para todas las personas de escasos recursos que lo necesiten y
que será asequible conforme a su capacidad de pago.” La observación va en
línea con un reproche detallado en una nota crítica del proyecto, enviada a
los diputados por el Centro de Estudios Legales y Sociales: la propuesta
oficial habla de tarifa social, pero no puntualiza los criterios para
otorgarla.
El proyecto no reconoce la universalidad del derecho de acceso al agua,
antes bien atribuye a las autoridades la facultad de determinar “casos
prioritarios” (tácitamente se entiende que particulares), también poco
precisados. La Secretaría de Recursos Hídricos podría, si la ley se aprueba,
establecer “per se” la cantidad de recursos presupuestarios asignados para
el programa de tarifa social. Esa franquicia no regulada ni sujeta a control
podría desbaratar el objetivo perseguido.
Entrando en detalles, el funcionario de la ONU le reclama al Gobierno que se
reconozcan de modo expreso los derechos de sectores especialmente
desfavorecidos: mujeres, niños, pobladores de zonas desfavorecidas, y que
estipule la gratuidad de la instalación del servicio para esos sectores. No
hay una disposición similar en el proyecto.
Ni transparente ni insípido
La carta, que llegó al menos a la Casa Rosada y a Cancillería, menciona la
escasa apertura a la participación y el control social ulterior. “Pareciera
ser que el proyecto de ley no prevé la consulta y participación de los
usuarios y de las organizaciones de la sociedad civil respecto de las
decisiones de la Agencia de Planificación que será responsable de establecer
y modificar los planes de expansión de los servicios, así como tampoco
respecto de las que adopte la autoridad de aplicación, que tendrá a su cargo
la determinación de las tarifas.”
Uno de los puntos más controvertidos del proyecto es, precisamente, la
unificación de competencias en el Ministerio de Planificación, titular de la
gestión, cabeza del Ente Regulador y de la Agencia de Planificación. O sea
tres sombreros para una sola cabeza, la del ministro Julio De Vido, que
gestiona, se audita a sí mismo y planifica a futuro, casi sin injerencia de
la sociedad civil ni de organismos de control. Según la ONU, minimizar las
auditorías sociales y la intervención ciudadana vulnera su Observación
General 15, que garantiza “el derecho de los particulares y grupos a
participar en los procesos de decisión que puedan afectar el ejercicio de su
derecho al agua”.
Un debate pendiente
El proyecto de ley fue introducido de sopetón en el Congreso, evitando toda
polémica pública previa. Pero, ya se dijo, lo central no es la opacidad,
sino la falta de garantías sociales que pone en entredicho derechos humanos.
La carencia de presencia ciudadana redondea ese riesgo.
La advertencia de estar en juego un derecho humano formulada por un
organismo internacional debería llamar a la reflexión a un gobierno que ha
hecho un blasón de su defensa.
La abismal distancia entre el proyecto actual y el de marco regulatorio de
empresas privatizadas (que promovió el Gobierno en sus inicios y terminó de
cajonear el año pasado) podría servir de marco de referencia para un debate
escamoteado.
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